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23 Octubre 2011
El cáncer de la morosidad de las administraciones públicas
Editorial Septiembre 2011
Uno de los grandes problemas de la situación actual de las empresas es el impago de las facturas por parte de las instituciones públicas, principalmente de los ayuntamientos y las comunidades autónomas. El 60% de los autónomos y PYMES en España dicen verse muy afectados por la morosidad tanto privada como pública.
Los que soportan el impago de las facturas son habitualmente pequeñas y medianas empresas que sufren lo indecible para conseguir cobrar los trabajos realizados, hasta el punto de tener que, en no pocas ocasiones, echar el cierre, despedir a trabajadores, o hipotecar su patrimonio personal para poder sobrevivir. Según datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) en España han cerrado 250.000 micro-empresas y autónomos por culpa de la morosidad de las administraciones públicas, que deben casi 15.000 millones de euros a autónomos y 30.000 millones a las PYMES. Por poner un pequeño ejemplo, la Comunidad de Madrid adeuda solamente a autónomos 1.736 millones de euros (cifras facilitadas por ATA). Otro dato revelador del clima de impunidad existente es que no existen datos públicos de los miles de millones que los ayuntamientos deben a sus proveedores, estas deudas son ocultadas celosamente por muchos consistorios y hechas públicas únicamente cuando hay un cambio en el Gobierno municipal y los nuevos inquilinos se encuentran con un "pastel" de muy difícil digestión.
Por si no fuese suficiente desgracia el comportamiento moroso de las administraciones, la ley obliga a pagar el IVA aunque no se hayan cobrado las facturas, lo que ha supuesto que solamente los autónomos hayan adelantado a Hacienda 1.819 millones de euros en concepto de IVA sin cobrar, una auténtica sangría para los empresarios más modestos que ven no solo que no cobran lo que les deben sino que además financian al Estado, con un dinero que no tienen, sin cobrar un solo euro de intereses.
Es vergonzoso observar como no ha servido de nada la aprobación de la Ley contra la Morosidad en julio del 2010, la cual dictamina que el plazo máximo de pago para las empresas será de 85 días en 2011, 75 en 2012 y 60 a partir del 2013. Igualmente funciona para las administraciones públicas, estableciendo 50 días en 2011, 45 días en 2012 y 30 días a partir del 2013. Esta ley es vulnerada de forma sistemática y sin ninguna consecuencia legal por parte de todas administraciones, especialmente por los ayuntamientos.
Si un ciudadano no paga sus impuestos, sus tasas o sus multas al ayuntamiento, de forma inmediata se le aplican unas altas cuotas de demora y seguidamente se le embarga; sin embargo, si es el ayuntamiento el que debe no pasa absolutamente nada y además el empresario ha de ir rogando lastimeramente al alcalde o concejal de turno que se acuerde de sus facturas. La soberbia y falta de respeto con la que muchos representantes públicos tratan a los autónomos y pequeños empresarios que reclaman lo que es suyo debería ser un escándalo político, pero tristemente no es así. Las tácticas dilatorias suelen ser casi siempre las mismas: el regidor o concejal moroso deja de ponerse al teléfono cuando se le llama, cuando se digna a cogerlo ofrece unas palabras cordiales para, a continuación, decir que no hay dinero y que no sabe cuándo se podrá pagar; también es muy habitual la técnica de "el mes que viene te pago", pero el mes que viene nunca llega. Mientras, el pequeño empresario calla por miedo a que se le ponga el último en la lista de afortunados que cobran y sigue realizando los servicios que se le piden, aumentando la deuda hasta que no puede más, y cierra o corta el grifo sin saber cuándo cobrará, mientras los impuestos de todo tipo no paran de llegar sin posibilidad de compensar con el dinero que la administración le debe.
Los ciudadanos y las empresas tenemos derecho a conocer qué administraciones pagan en plazo y cuáles no, tenemos derecho a saber cuánto y a quién se le debe, porque esas deudas, al final, son de todos los ciudadanos. Es un escándalo que la desfachatez e inoperancia de algunos de nuestros representantes estén llevando a la ruina y al paro a miles de pequeños autónomos y PYMES sin que a ningún político se le caiga la cara de vergüenza.
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